miércoles, 17 de febrero de 2016

SANIDAD RATIFICA LA AMORTIZACION DE 161 PLAZAS DE PERSONAL SANITARIO DE DENIA QUE EN SU DIA ANULO EL TSJ



La Administración hace uso de su voto de calidad, en contra de la opinión del conjunto de las organizaciones sindicales presentes en Mesa Sectorial: CCOO, CEMSATSE, CSIF, SIMAP-INTERSINDICAL SALUT y UGT

Los hechos se remontan al año 2009 cuando la Conselleria de Sanidad, sin ninguna obligación contractual que la justificara, decidió amortizar 161 plazas de personal estatutario del Departamento de Salud de Dénia, cubiertas por personal interino, que pasaron a ser plazas de personal laboral gestionadas directamente por la empresa concesionaria Marina Salud. 

Las resoluciones de amortización fueron recurridas por la STSPV-Intersindical Valenciana, por entender, que se había actuado sin la preceptiva negociación con las organizaciones sindicales que establece el marco legal vigente. El recurso fue estimado por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) en 2013 y ratificado en casación ante el Tribunal Supremo en 2014. 

Llegados a este momento, la ejecución de la sentencia se vería satisfecha con la convocatoria de una Mesa Sectorial y el inicio de un proceso negociador con las organizaciones sindicales sobre el futuro de las plazas afectadas por la amortización. El problema ha surgido cuando la Conselleria pretende reducir al absurdo el proceso negociador y convertirlo en un mero formalismo, en el cual se convoca Mesa Sectorial y se ratifica la resolución de amortización sin dar opción a negociar el más mínimo aspecto. Esta situación se  produjo  ayer cuando las organizaciones sindicales CCOO, CEMSATSE, CSIF, SIMAP-INTERSINDICAL SALUD y UGT plantearon a la Conselleria la anulación definitiva de las resoluciones de amortización de plazas y la reversión de las mismas al régimen público. 

Por parte de las organizaciones sindicales se ha argumentado que el rescate de estas plazas para la gestión pública ofrecía ventajas, por la mejora en la atención sanitaria de la población que supondría otorgar más peso a la aplicación de criterios asistenciales públicos y por la mejora sustancial en las condiciones laborales del personal que supone ocupar una plaza de naturaleza pública. Además, también se ha considerado que la reversión de estas plazas al sector público constituía un paso significativo en la ejecución de la prometida electoral de la recuperación para la gestión pública de la sanidad privatizada, por la propia dimensión de los hechos y porque ofrecía a la opinión pública una imagen de coherencia entre el discurso y los hechos.

Ante esta petición, la Consellería se ha limitado a proponer la ratificación de las resoluciones de amortización de las plazas; es decir, a dejar las cosas como las plantearon en su día los anteriores responsables políticos. Como fundamento de esta propuesta se ha esgrimido un informe jurídico en el cual se argumenta que, "crear" 161 plazas nuevas contraviene el pliegue de condiciones técnicas y administrativas de la concesión y que, por lo tanto, de llevarse a efecto, podría ser recurrido por Marina Salud ante los tribunales y se le daría la razón. Hasta aquí sería todo aparentemente correcto, si no fuera porque el informe jurídico parte de una premisa inicial errónea. Efectivamente, el pliegue de condiciones de la concesión establece que la Conselleria se compromete a no crear nuevas plazas en el ámbito de la concesión, pero en este caso no nos encontramos ante una "nueva creación de plazas", puesto que estas plazas ya existían con posterioridad a la puesta en marcha de la privatización y nunca han dejado de existir, porque, cómo ha dejado claro la sentencia, se anula el acto administrativo de la amortización. Nunca ha tenido lugar. 

Las organizaciones CCOO, CEMSATSE, CSIF, SIMAP-INTERSINDICAL SALUT y UGT lamentamos que, en este caso, se reproduzcan prácticas negociadoras impositivas; unas prácticas que ya creíamos superadas y relegadas a rincones de la memoria, pero lo que realmente nos preocupa profundamente es que, amparándose en unos argumentos de una fragilidad tan evidente como la propia determinación de la Conselleria, ésta no tome la decisión de recuperar estas plazas para la gestión pública y pierda una clara oportunidad de mejorar las condiciones laborales del personal afectado, la calidad de la prestación asistencial que se ofrece al sufrido usuario y usuaria de la Marina Alta y de avanzar, con voluntad decidida, hacia la recuperación, gradual y progresiva, de la sanidad pública. 

CCOO, CEMSATSE, CSI-F, SIMAP-INTERSINDICAL SALUD Y UGT 


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