Para Intersindical Valenciana es irrenunciable la REVERSIÓN de las Contingencias Profesionales a la Sanidad Pública
Actualmente la gestión y las prestaciones de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de los empleados y empleadas de la Generalitat están en manos de las mutuas.
Desde final de 2013, las prestaciones derivadas de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales que sufren los trabajadores y trabajadoras de la Generalitat están gestionadas por mutuas de accidentes de trabajo (Ibermutuamur, Umivale y Unión de Mútuas). Fue una decisión unilateral del gobierno anterior del Partido Popular, no negociada con los representantes sindicales.
Esta imposición, sin lugar a dudas, fue rechazada por la totalidad de las organizaciones sindicales presentes a los diferentes sectores del Consell, que se plasmó en un informe negativo de la totalidad de las Juntas de Personal y en el rechazo a participar a los actos que Administración y mutuas organizaron para explicar su línea de trabajo.
Los argumentos utilizados para fundamentar este rechazo fueron de cariz técnico, como la carencia de justificación o la ausencia de negociación colectiva; pero también de contenido, pues se argumentaba que no suponía ningún beneficio para las prestaciones del conjunto de trabajadores y trabajadoras, que la atención sanitaria se vería afectada, entre otras razones por una cuestión de accesibilidad a los servicios y porque, en definitiva, se trataba de una privatización más de un servicio público, que sólo tenía el objetivo de servir de herramienta coactiva para el control del absentismo.
Este testigo de malestar estuvo recogido por la Consellera de Justicia, Gabriela Bravo, cuando manifestó públicamente e, incluso, en Mesa General de Negociación I de diciembre de 2016, que iba a proceder a la reversión a la sanidad pública y de la gestión de las contingencias profesionales que asumían las mutuas. Un relato que, al parecer, ha cambiado radicalmente, porque ahora, la comisión constituida al efecto, sólo habla de evaluar la gestión realizada por las mutuas y desterrar cualquier referencia a la “reversión”.
