POR LA REVERSIÓN DE LAS CONTINGENCIAS PROFESIONALES A LA SANIDAD PÚBLICA

Para Intersindical Valenciana es irrenunciable la REVERSIÓN de las Contingencias Profesionales a la Sanidad Pública

Actualmente la gestión y las prestaciones de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de los empleados y empleadas de la Generalitat están en manos de las mutuas.

Desde final de 2013, las prestaciones derivadas de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales que sufren los trabajadores y trabajadoras de la Generalitat están gestionadas por mutuas de accidentes de trabajo (Ibermutuamur, Umivale y Unión de Mútuas). Fue una decisión unilateral del gobierno anterior del Partido Popular, no negociada con los representantes sindicales.

Esta imposición, sin lugar a dudas, fue rechazada por la totalidad de las organizaciones sindicales presentes a los diferentes sectores del Consell, que se plasmó en un informe negativo de la totalidad de las Juntas de Personal y en el rechazo a participar a los actos que Administración y mutuas organizaron para explicar su línea de trabajo.

Los argumentos utilizados para fundamentar este rechazo fueron de cariz técnico, como la carencia de justificación o la ausencia de negociación colectiva; pero también de contenido, pues se argumentaba que no suponía ningún beneficio para las prestaciones del conjunto de trabajadores y trabajadoras, que la atención sanitaria se vería afectada, entre otras razones por una cuestión de accesibilidad a los servicios y porque, en definitiva, se trataba de una privatización más de un servicio público, que sólo tenía el objetivo de servir de herramienta coactiva para el control del absentismo.

Este testigo de malestar estuvo recogido por la Consellera de Justicia, Gabriela Bravo, cuando manifestó públicamente e, incluso, en Mesa General de Negociación I de diciembre de 2016, que iba a proceder a la reversión a la sanidad pública y de la gestión de las contingencias profesionales que asumían las mutuas. Un relato que, al parecer, ha cambiado radicalmente, porque ahora, la comisión constituida al efecto, sólo habla de evaluar la gestión realizada por las mutuas y desterrar cualquier referencia a la “reversión”.

Este cambio de discurso, con el apoyo explícito de alguna organización sindical cómo UGT y aunque menos generosa, otras cómo CCOO y CSIF, pretende reconvertir la idea inicial de recuperar para el servicio público, al que nunca debía de haber pasado a manos privadas, en un tipo de comisión técnica, en el sentido estricto del término; en la cual, se procederá a realizar una evaluación de la gestión llevada a cabo por las mutuas y, además, a preparar un cuestionario de satisfacción del personal respecto de la atención recibida por parte de estas. 

En pocas palabras, todo apunta a que, bajo la apariencia de formalismos estadísticos, se pretende justificar la continuidad de las mutuas en la gestión de estas contingencias.

Desde Intersindical Valenciana siempre hemos apostado por unos servicios públicos de gestión directa y, por lo tanto, no consideramos oportuno proceder a una evaluación de la gestión de los accidentes laborales y de las enfermedades profesionales por parte de las Mutuas. No se trata aquí de hacer una defensa argumentada de las ventajas que supone la prestación y la gestión directa de los servicios públicos, frente a la gestión privada. Es un debate artificial que sólo se sustenta en el interés de determinadas opciones políticas de imponer un modelo liberal de Estado y no por el mantenimiento del Estado Social y que, en el supuesto que nos ocupa, es absolutamente innecesario, dado que disponemos de unos servicios sanitarios públicos de excelencia contrastada que, difícilmente, pueden ser superados por una gestión externalizada de las contingencias profesionales.

No obstante lo anterior y en cuanto a la pretensión de evaluar el trabajo de las mutuas, consideramos que no corresponde a esta Comisión llevarla adelante, porque se trata de un trabajo eminentemente técnico, que requiere de una calificación muy específica y compleja y que, en consecuencia, corresponde, en todo caso, a los Servicios de Inspección Sanitaria o a los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales.

Además, una evaluación correcta de la atención prestada por las mutuas no se puede limitar a un análisis cuantitativo e individual de casos y procesos, sino que se tiene que hacer en términos de resultado; es decir, de mejora colectiva del estado de salud de la población diana. Esta evaluación requiere disponer de datos comparativos anteriores, de un diagnóstico previo, de la elaboración de unos objetivos y una planificación y, por último, de datos posteriores sobre los indicadores de salud seleccionados.

Lo que acaban de exponer sobre las condiciones que tiene que reunir un estudio riguroso, son perfectamente extrapolables a la realización de una encuesta de satisfacción. A nuestro parecer es inútil e innecesaria; inútil porque, si de lo que se trata es de decidir entre servicio de gestión pública o privada, aquello más procedente es disponer de datos comparables entre un sistema de gestión y provisión de servicios y el otro, cosa que no es posible y, por otro lado, es innecesaria porque, volvemos a insistir, la decisión de apostar por una gestión directa de las contingencias profesionales depende, fundamentalmente, de un criterio político y del compromiso de garantizar la provisión de los recursos necesarios para ofrecer una atención de calidad y eficiente.

Aun así, si lo que se pretende es legitimar una decisión de este calibre y favorecer la participación de los empleados y empleadas de la Generalitat, sí que consideraríamos oportuna la realización de una encuesta, en la cual el personal pudiera elegir entre una modalidad de prestación de servicios y la otra, siempre y cuando esta fuera vinculante.

Por todas estas razones, entendemos que el debate no se tiene que centrar en “mutuas si o mutuas no”, sino en cuál es el procedimiento a seguir por la REVERSIÓN, al servicio público, de la atención de esta vertiente de la salud de las trabajadoras y trabajadores de la Generalitat, pues es una cuestión no sujeta a negociación.