ACUERDO 9 DE MARZO SOBRE RETRIBUCIONES

Fte. Ministerio de Hacienda y Función Pública

El acuerdo de retribuciones firmado por el Ministro Montoro y CCOO, CSI-F y UGT, vergonzoso para las empleadas y empleados públicos valencianos

Guía de la aplicación temporal y condiciones de los incrementos salariales

AÑO	Δ FIJO (%)	F. ADDIC (%)	Δ VARIABLE 1 (%)	Δ VARIABLE 2 (%)	LEYENDA (*,**)
2018	+1.50	+0.20	+0.25*		*Vinculada a un incremento del PIB igual o superior al 3.1% en 2017 * A pagar a partir del 1 de julio de 2018
2019	+2.25	+0.25	+0.25*		* Vinculada a un incremento del PIB igual o superior al 2.5% en 2018 * A pagar a partir de julio de 2019 * Si el crecimiento es inferior a la previsión, se reducirá en la misma proporción
2020	+2.00	+0.30	+1.00*	+0.55**	*Vinculada a un incremento del PIB igual o superior al 2.5% en 2019 *A pagar en julio de 2020 *Si el crecimiento es inferior a la previsión, se reducirá en la misma proporción ** Si se cumple el objetivo de déficit presupuestario en 2020 ** A pagar en 2021
TOTAL	+5.75	+0.75	+1.50	+0.55

8 motivos por los que consideramos que es un pacto vergonzoso

 para las empleadas y empleados públicos valencianos

1.- No ha sido negociado por sindicalistas valencianos

No han tenido en cuenta la situación de los empleadas y empleados públicos valencianos, ni la situación de la economía valenciana. Los empleados públicos valencianos no podrán beneficiarse de la reducción de jornada a 35 horas, ya que, a pesar de liderar la reducción de déficit público, no cumplimos las reglas de déficit, deuda y gasto que se han establecido en el pacto para efectuar la recuperación de la jornada de 35 h.

 2.- Se vincula parte del incremento a la evolución del PIB

Los empleados públicos no tienen capacidad para incidir en la evolución de las variables macroeconómicas, donde tienen una implicación fundamental las políticas económicas del Gobierno.

Si el gobierno aplica malas políticas económicas, los empleadas y empleados públicos sufrirán las consecuencias. Pero esto, no hay que pactarlo. Los recortes que sufrimos en el 2008 hasta 2012 ya fueron motivados por las malas políticas económicas y de las empresas privadas.

Continúan responsabilizando a las empleadas y empleados públicos de la incompetencia de quien ostenta el poder económico.

3.- No busca la justicia social, la distribución de la riqueza y la recuperación salarial del sector público

Recordamos que los recortes que se aplicaron en el 2012 fueron aplicados de manera drástica e inmediata. De un día para otro se eliminaron pagas extraordinarias, el 100% de las retribuciones en situación de IT (si recuperar actualmente), los días adicionales de vacaciones, los días de libre disposición, la jornada de 35 horas semanales, la jubilación a los 67 años (en aplicación). 

Todo lo quitaron de golpe.

4.- No se tiene en cuenta la evolución del IPC

Para hacer una valoración real de la recuperación efectiva de la capacidad adquisitiva de las empleadas y empleados públicos. Una evolución alcista del IPC en los próximos años puede dejar el incremento salarial pactado sin efecto alguno sobre el poder adquisitivo de las funcionarias y funcionarios públicos.

5.- Acuerdo confuso y condicionado a escenarios futuros

Que no dependen de la capacidad de Trabajo y decisión de las empleadas y empleados públicos.

6.- Es un acuerdo de claudicación

Donde CCOO, CSI-F y UGT y el Ministro Montoro, consolidan como definitivos los efectos de la crisis y abandonan cualquier expectativa de recuperación de los derechos perdidos por los empleados.

Si hace unos meses se daba por perdida la posibilidad de recuperar los fondos destinados a la recuperación de la banca y del sistema financiero, ahora se da por perdida la posibilidad de recuperar las condiciones laborales logradas por los empleados públicos antes del inicio de la crisis.

7.- Es un acuerdo de Gobierno y de los poderes económicos, no un acuerdo de los empleados y empleadas públicas

Con este acuerdo, CCOO, CSI-F y UGT, se desprenden totalmente de la defensa de los intereses del personal de la administración pública y de las trabajadoras y trabajadores en general, para preocuparse más intensamente de los intereses económicos y gubernamentales.

8.- Un acuerdo que desprecia el esfuerzo y la dignidad mostrada por los empleadas y empleados públicos

Al mantener el nivel y calidad de los servicios públicos durante todos estos años con un rendimiento ejemplar en la prestación de servicios como la sanidad, la educación, los servicios socio-sanitarios y, en definitiva, todos los servicios públicos que se han dado a la población teniendo que soportar los recortes ya descritos.