LOS SINDICATOS UGT, CCOO, CSIF, EL CONSEJO DE ENFERMERIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA Y EL COLEGIO DE MEDICOS APOYAN QUE LOS SERVICIOS PRESTADOS DE LOS TRABAJADORES EN EMPRESAS PRIVADAS SE BAREMEN EN LA BOLSA DE TRABAJO PÚBLICA.
El pasado día 2 de junio del 2017 en la reunión de Mesa Sectorial de Sanidad entre los representantes de la Administración Sanitaria y las Organizaciones Sindicales, se presentó un escrito del colectivo de trabajadores de la empresa privada ERESA en el cual solicitaban que se convoque una mesa técnica especifica con el fin de que el tiempo de trabajo en esta empresa sea baremado a efectos de bolsa y aportaban escritos de apoyo y soporte de los sindicatos CSIF, CCOO y UGT así como del CECOVA y COLEGIO DE MEDICOS.
Intersindical Salut no apoya tal iniciativa, dado que la pretensión no se sustenta ni jurídicamente ni éticamente, dadas las numerosas irregularidades y abusos de la empresa con el permiso de la Conselleria de Sanidad del gobierno del Partido Popular y que queda patente en el demoledor informe de la Sindicatura de Cuentas publicado el 31 de julio del período 2008-2012.
Intersindical Salut considera que no se puede establecer de ninguna manera una directa homologación o equiparación de los centros sanitarios privados con los centros sanitarios públicos ya que las condiciones de acceso a una y otra clase de centros sanitarios para prestar servicios son diferentes: en los públicos rigen los principios de igualdad, mérito y capacidad mientras que en los privados prima el principio de libertad empresarial.
Equiparar los servicios prestados de empresas privadas con los servicios públicos supone un agravio hacia los miles de trabajadores y trabajadoras que durante años han conseguido con mucho esfuerzo, mediante contratos laborales públicos y un sistema de baremación exclusivamente valorado en la experiencia pública, una puntuación que le permite seguir trabajando para la Conselleria de Sanidad.
El Concierto Administrativo es una figura, desde nuestro punto de vista sindical, muy controvertida y que ha permitido a la Administración de forma planeada y consciente una falta de inversiones en los centros públicos, contando con entidades privadas para prestar servicios públicos o de supuesto interés público, que claramente se diferencian y han sido de escasa rentabilidad social.
Tampoco olvidar que en las instituciones públicas contamos con Registros de personal y certificaciones expedidas por funcionarios que acreditan la realidad, alcance, extensión y no duplicidad de experiencia. En el caso de las entidades privadas concertadas pueden surgir dudas razonables sobre “qué” se certifica y “en qué” condiciones de veracidad.
Intersindical Salut se opone frontalmente a que la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública abra la puerta a criterios de homologación laboral de los trabajadores de empresas privadas que se contradicen con sus propias políticas en defensa de unos servicios públicos 100% y de la reversión de las concesiones administrativas tipo Alzira.
J. Sancho
Intersindical Salut
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